Laicidad y derechos sexuales y reproductivos en el Perú

La Constitución Política del Perú legalmente instituye al país como un Estado laico a través de su artículo 50°, la cual define “el régimen de independencia y autonomía del Estado”; vinculando la laicidad con los derechos a la igualdad y no discriminación y con las libertades de conciencia y de religión.
Este carácter laico, también ha sido reforzado por reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional: “La laicidad supone la autonomía de lo político frente a lo religioso, independientemente de las diversas formas de relación entre el Estado y las Iglesias o convicciones religiosas institucionalizadas.”
En suma, se podría decir que la laicidad es una forma de organizar el Estado, en la que se garantiza la autonomía de lo político frente a lo religioso, permitiendo la construcción de sociedades democráticas donde se acepten las diferencias y el reconocimiento de las personas en condiciones de igualdad.
En este marco, resulta inaceptable, que las relaciones entre el Estado Peruano y la Iglesia Católica se rijan por el Acuerdo firmado entre la Santa Sede y la República del Perú desde el 19 de julio de 1980, aprobado por el Decreto Ley Nº 23211; el cual obliga al Estado a otorgar subvenciones para las personas y servicios de la Iglesia Católica, así como exoneraciones y beneficios tributarios permanentes, a la vez que impone el curso de religión católica como materia ordinaria en los centros educativos públicos.
De acuerdo a recientes investigaciones, el 66.7% de la población limeña señala que la iglesia no debe intervenir en asuntos del Estado, así como el 68% y el 62% de los y las peruanas, respectivamente, consideran incorrecto que las autoridades gobiernen según sus creencias religiosas. Es decir, exigen una clara separación entre la política y la religión y, plantean la neutralidad del Estado frente a las religiones, principio fundamental de un Estado laico[1].

Estado laico, garantía de las políticas de salud sexual y reproductiva
En un Estado laico, las autoridades elegidos/as por el pueblo responden a los intereses de la población, colocan sus creencias religiosas en el ámbito personal y no permiten la influencia de las iglesias y de sus jerarquías en sus decisiones, garantizando el desarrollo pleno de los derechos humanos.
Siendo los derechos sexuales y reproductivos, parte de los derechos humanos y una manifestación de los derechos fundamentales a la libertad, a la salud y a la intimidad de las personas; estos se deben de garantizar a cabalidad, en políticas públicas y normas relativas a la sexualidad y reproducción.
Según Samuel Abad, el “grado de laicidad del Estado –sobre todo el peruano- se encuentra íntimamente relacionado al reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, en tanto que estos implican consideraciones éticas y morales diversas que varían de acuerdo a cada sistema de creencias”. En ese sentido, la laicidad va garantizar a través del Estado que la salud sexual y reproductiva de las ciudadanas sea proveída al margen de la moralidad de sus servidores, sin que esto quiera decir que el proveedor sea obligado a realizar actos en contra su fe”[2].
Sin embargo en nuestro país, se evidencian pocos avances en cuanto a la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos por la intromisión de fundamentalismos religiosos en las decisiones de gobierno: se prohibió la distribución pública y gratuita de la anticoncepción oral de emergencia mediante una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2009; en relación al aborto, solo el terapéutico es legal, pese a las diversas observaciones y recomendaciones de los Comités de las Naciones Unidas y de los Estados Americanos que han recomendado la despenalización del aborto por violencia sexual. Ante esta situación se presentó ante el Congreso de la República una propuesta legislativa por iniciativa ciudadana para que se despenalice el aborto bajo esta causal, ingresado el 26 de setiembre del 2014 designado con el número 03839/2014-IC, la cual fue derivada a las comisiones parlamentarias de Constitución y reglamento y a la de Justicia y derechos humanos.

Sin embargo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos (presidida por un militante conservador católico) sin respetar la laicidad del Estado, careciendo de argumentos científicos o jurídicos y basado en argumentos desde la fe y de una visión de control de los cuerpos de las mujeres, después de solicitar más de 33 opiniones técnicas (80% de ellas privilegiando posturas confesionales de personas, organizaciones y universidades dependientes de la Iglesia Católica), y no teniendo en cuenta la opinión técnica presentada por el Poder Judicial en diciembre pasado, el cual considera que: “la legislación penal en el extremo que sanciona la interrupción del embarazo consecuencia de violación sexual, vulnera el derecho de la mujer a su libertad personal, a su autonomía, a su autodeterminación para decidir por sí misma el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y de su proyecto de vida”; procedió a votar el proyecto de ley, archivándola, vulnerando así el derecho de las mujeres a no contar con políticas públicas y normas relativas a la sexualidad y reproducción laicas.

Gladys Vía Huerta
Coordinadora de Proyectos – Católicas por el Derecho a Decidir



[1] CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR – PERÚ. Sexualidad, religión y Estado: percepciones de católicos y católicas. Lima: CDD-Perú, 2011.
[2] NUGENT, Guillermo. El orden tutelar. Sobre las formas de autoridad en América Latina. Lima: Desco, CLACSO, 2010.

Etiquetas: , , , ,
Guardado en Articulos