Somos Libres, Seamoslo siempre

Libertad, una palabra que expresa  la esencia de la vida de cada ser humano, pues la vida no se concibe como tal si carecemos de ella. Ser libres, implica la potencialidad de expresarnos, de ser como somos, de realizarnos plenamente sin limitación alguna, salvo con el límite que deriva del respeto y la no transgresión de la libertad de otro ser humano.

En este mes de julio, mes en que celebramos un año más de nuestra independencia, nos lleva a reconsiderar este tema de la libertad. Y nos parece inconcebible que en pleno siglo XXI aun seamos testigos de un tipo de esclavitud, en que las personas en su mayoría mujeres jóvenes y adolescentes, sean captadas, vendidas, ultrajadas, y sometidas, prácticamente cautivas para ser explotadas, en lo que se denomina la trata de personas.

Nuestro país no es ajeno a esta situación. Entre el año 2009 a abril del 2014 se registró a 3129 víctimas de trata de personas, observándose que el 79.6 % de las víctimas eran mujeres, frente a un 16.1% de casos de varones, que representan 503 casos, y el rango de edad de mayor vulnerabilidad se encuentra entre los 13 y 17 años con un 53.1 %., seguido de aquellos casos en los que las víctimas cuentan con edades entre los 18 y 24 años.[1] Considerando por tipo de explotación, un 43.3% de las víctimas de trata en nuestro país son para explotación sexual, 16.3% explotación laboral, 2.8% explotación doméstica y un 0.5% mendicidad.[2] Los datos corresponden a casos denunciados, no expresándose la problemática en su total realidad pues muchas víctimas no denuncian el hecho ya sea por temor, vergüenza, y algunas veces amenazas directas a su vida.

Este acto delictivo y deshumanizante, por cuanto atenta contra el derecho humano fundamental de la vida y la libertad, es complejo con diversas aristas que requieren ser atacadas que se sustentan en intereses económicos y la corrupción, pero también en factores estructurales como la carencia de trabajo y oportunidades para los y las jóvenes, los bajos niveles educativos que refuerzan el no acceso laboral, las condiciones de vida de sobrevivencia que hacen tentadoras las ofertas de un trabajo “bien remunerado” con el cual son captadas las víctimas, siendo altamente vulnerables las mujeres.

El Perú cuenta con instrumentos jurídicos y normativos y ha suscrito tratados internacionales que también ofrecen un marco de protección y establecen una serie de obligaciones para el Estado frente a la trata de personas. En la Constitución Política del Estado la defensa de la persona y su dignidad son consideradas el fin de la sociedad y del Estado. Dentro de los derechos fundamentales recogidos a nivel constitucional, cobra especial relevancia lo establecido en el artículo 2. Inciso 24, literal b) donde se señala:

“No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas”

El 16 de enero del 2007 se promulga la Ley N° 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, reglamentada mediante el Decreto Supremo N° 007-2008-IN del 30 de noviembre de 2008. A través de esta norma se dieron modificaciones sustantivas en el artículo 153 del Código Penal, así como modificaciones del Código Procesal Penal en el artículo 341. Cabe señalar que con fecha 30 de septiembre de 2014, se volvió a modificar el tipo penal de trata, mediante la Ley N° 30251, que precisa la pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años para quienes incurran en el delito de la trata de personas. Además la modificatoria precisa que la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña o adolescente con fines de explotación se considera trata de personas y a quienes están involucrados en todo el proceso recaerán también la penalidad por delito: “El agente que promueve, favorece, financia o facilita la comisión del delito de trata de personas, es reprimido con la misma pena prevista para el autor.”[3]

En la actualidad, y por un año más, contamos con el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016 (PNAT) aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2011-IN, que establece 4 ejes estratégicos: la prevención del delito, la persecución de los criminales, la protección y asistencia a las víctimas (a través de la implementación de la ley 28950 contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y su reglamento), y la matriz de implementación, seguimiento y monitoreo, que señalan los órganos y mecanismos para el seguimiento y monitoreo del PNAT.

A inicios del presente año se promulgo el DECRETO SUPREMO N° 001-2015-JUS por el cual aprueban Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación: “que tiene por objetivo principal la prevención, el control y reducción del fenómeno de la trata de personas y sus formas de explotación, a través de la atención a los factores sociales y culturales que la generan; la persecución y sanción eficiente del delito de trata y todo aquel vinculado a la explotación de personas; y la atención, protección y recuperación integral de las víctimas.”[4] Señala además que es de aplicación obligatoria en los tres niveles de gobierno y de los diversos sectores y entidades involucradas en el sistema de control social, y que corresponde a los Gobiernos Regionales y Locales, en el marco de sus funciones y atribuciones, promover, formular y ejecutar las iniciativas necesarias, en concordancia con la presente Política Nacional, para controlar y reducir el fenómeno de la trata de personas y sus formas de explotación.

Contamos por tanto con un marco jurídico y legal, tanto nacional como internacional que apunta a eliminar este hecho delictivo de la trata de personas, no obstante la erradicación tomará su tiempo por la multiplicidad de factores y aspectos involucrados. Factores estructurales de carácter económico y social, un sistema patriarcal que hacen a la mujer más vulnerable, una cultura que considera al ser humano como una mercancía sexual, corrupción, son ítems que deben ser considerados y más aún la urgente y necesaria sensibilización de la ciudadanía para estar alertas, para prevenir, para tomar valor y denunciar.

Que la frase somos libres, seámoslo siempre, no solo sea una frase en el coro de nuestro Himno Nacional. Que esta frase cale en lo profundo de nuestros corazones para luchar contra todo flagelo, delito y contexto que impide que los seres humanos, los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país sean libres para vivir una vida digna, de autorrespeto, de plenitud e integridad.

Carmen Mollo G.
Coordinadora de Programa Incidencia Política y Gobernabilidad
Proceso Kairós Perú



[1] POLÍTICA NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y SUS FORMAS DE EXPLOTACIÓN, DECRETO SUPREMO N° 001-2015-JUS, aprobado el 23 de enero del 2015.
[2] INFOGRAFIA Ley 30251 Modificatoria art. 153 del Código Penal
[3] Ley  N° 30251
[4] DECRETO SUPREMO N° 001-2015-JUS

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